En estos dos años de gobierno del Partido Popular, el Gobierno ha eliminado muchos de los derechos sociales adquiridos en la época democrática, para acabar con el modelo progresista y de avance por el que transitaba la España moderna y europeísta.

Muchos tememos que, al igual que sucede con la Ley del Aborto, el PP la emprenda con la Ley de Matrimonios. Porque, aunque hay quien considera que el asunto está superado, todavía hay países miembros de la Unión Europea que no reconocen como crímenes de odio los relacionados con la orientación sexual o identidad de género.

 Todavía retumban en los oídos de muchas personas las palabras escuchadas en el Senado el 20 de Junio de 2005, cuando el psiquiatra Aquilino Polaino (convocado como experto por el Partido Popular) calificó la homosexualidad de patología y de "trastorno emotivo", expresando, entre otras afirmaciones que suscitaron polémica, que "muchos homosexuales tienen antecedentes de violación sexual desde pequeños" o que gays y lesbianas provienen generalmente de familias con padres "hostiles, alcohólicos y distantes" y madres "sobreprotectoras" con los hijos varones y "frías" con las mujeres.

Mientras se decían esas barbaridades, España se convertía, gracias a la iniciativa del PSOE y la lucha de los colectivos LGTB, en  el tercer país del mundo, tras los Países Bajos y Bélgica, en aprobar leyes que amparan el matrimonio entre personas del mismo sexo, por delante de Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca; y posteriormente, Uruguay, Nueva Zelanda, Brasil y Francia.

Hoy, en el día Internacional de las personas con discapacidad, es por la que aprovechamos la ocasión, para rechazar los recortes y el desmantelamiento de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia por parte del gobierno de Mariano Rajoy.